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En el documento se exponen breves reseñas de asuntos de reconocimientos de laudos, acciones de anulación, nuevos reglamentos institucionales, interpretación de cláusulas compromisorias, o coexistencia de cláusulas arbitrales y de jurisdicción en un mismo contrato.

 

Los despachos Arbitraje y Litigio Iberoamericano (México), Rincón-Cuellar & Asociados (Colombia), SNG & Partners (Italia) y Stampa Abogados (España) han llevado a cabo la tarea conjunta de analizar algunos de los acontecimientos arbitrales más interesantes de la segunda mitad de 2023.

 

Desde nuestro despacho, contribuimos con las reseñas acerca de España, que dicen lo siguiente:

 

     i.Nuevo reglamento del CIAM: modificaciones más relevantes.

 

El nuevo reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (“CIAM”) entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y, como novedades, se pueden destacar:

 

Flexibilización del procedimiento: se suprime el actual artículo 28 con la intención de no requerir, expresamente, la emisión de un acta preliminar.

 

Corrección, aclaración, rectificación y complemento del laudo: se halla en el artículo 44 del nuevo reglamento y las principales novedades radican en los nuevos plazos que se establecen, siendo éstos más cortos. Se otorgan 15 días para corregir, aclarar, complementar o rectificar el laudo, en vez del mes actual.

 

Además, en el artículo 44.1, se refleja de forma expresa que se podrán solicitar las acciones antes listadas «…siempre que ello no se oponga a la ley del lugar del arbitraje…».

 

También se define la forma que habrá de tomar la decisión de los árbitros de corregir, aclarar o rectificar el laudo, que será como adenda o como laudo adicional (art. 44.2).

 

Procedimiento hiperabreviado: novedad dispuesta en el artículo 54. Sería de aplicación si las partes así lo acuerdan (art. 54.1). No obstante, el CIAM tendría la potestad de no tramitarlo atendiendo a una serie de circunstancias (art. 54.3). El procedimiento sería gestionado por un árbitro único (art. 54.6), el cual tendría poderes para una rápida y eficiente conducción del procedimiento (art. 54.14). Entre otros, el árbitro podría no motivar su decisión acerca de la producción de documentos (art. 54.13). A su vez, no se requiere la elaboración de la primera orden procesal (art. 54.12), la tramitación del procedimiento es exclusivamente documental (art. 54.15), y, como regla general, no se celebrarán audiencias de pruebas ni de alegatos orales (arts. 54.15 y 54.16), ni habrá trámite de conclusiones (art. 54.17).

 

En cuanto a los plazos, éstos serían mucho más breves. Para la presentación de cada uno de los escritos (demanda, contestación y reconvención, y contestación a la reconvención), se otorgará a cada parte 15 días (arts. 54.8, 54.9, y 54.10). A la par, desde la presentación de la demanda, el árbitro tendrá, por defecto, tres meses para emitir el laudo final (art. 54.19). Para dicha emisión del laudo, el reglamento expresamente redacta que «…el laudo será motivado de manera sucinta…» (art. 54.21).

 

Por tanto, en un escenario en el que haya reconvención y se le dé contestación a ésta, sin necesidad de presentar más escritos, ni concretar audiencias, en cuestión de tres meses y medio desde la resolución del CIAM acordando la tramitación del procedimiento hiperabreviado (art. 54.3), las partes deberían recibir el laudo final.

 

Designación y confirmación de árbitros: expuesto en el Anexo 1, el cual modifica el Anexo 1 ahora vigente, pasando a tener 5 artículos en vez de 7. Es de interés la publicación sobre el control de conflictos de interés de los árbitros a ser nombrados que llevará el CIAM (art. 3.2). El objetivo de esta nueva redacción del anexo es el de agilizar el nombramiento de árbitros y ser más eficiente en su procedimiento.

 

Honorarios de los árbitros: dentro del Anexo 2, se refleja la modificación de los honorarios a percibir por los árbitros. Se fija un único porcentaje de honorarios, en relación con la cuantía de la disputa, a percibir por los árbitros, sin remisión expresa a si tales honorarios son de aplicación para cualquier procedimiento arbitral (ordinario, abreviado o hiperabreviado).

 

En cambio, sí se indica en el nuevo Anexo 2 que los derechos de administración reflejados hacen referencia a los procedimientos ordinario, abreviado e hiperabreviado.

 

También se listan una serie de cifras a ser recolectadas en caso de terminación anticipada, indicando los porcentajes a percibir por el CIAM y árbitro(s) dependiendo del hito en el que concluyera el procedimiento.

 

 

Procedimiento de referencia: el nuevo Anexo 3 ofrece a los árbitros un procedimiento guía que podrían aplicar en el caso que gestionaran. En él se establecen plazos como el de treinta días para presentar la demanda o la contestación (arts. 2 y 3), o se invita a seguir una serie de pasos para una eficiente exhibición de documentos (art. 5).

 

Impugnación opcional del laudo: en el Anexo 4, sobre la base del nuevo y breve artículo 52, se refleja el procedimiento a seguir. En el reglamento todavía en vigor, es el artículo 56 el que versa al respecto.

 

Para poner en marcha la impugnación, se requiere que las partes lo hubieran así acordado (art. 52). Los motivos sobre los que fundar la impugnación son dos: «i. Una infracción manifiesta de las normas sustantivas aplicables al fondo de la controversia; o ii. Un error manifiesto en la apreciación de los hechos que han servido de base para la decisión…» (Anexo 4, C. 7).

 

La impugnación se llevará a cabo sobre el “borrador de laudo” (y recibirán este nombre los laudos que se dictaran en los arbitrajes donde exista un acuerdo de impugnación), que «…no tendrá eficacia de cosa juzgada, ni fuerza ejecutiva, ni será susceptible de acción de anulación o de ejecución…» (D.8). Cuando éste se convierta en “laudo definitivo”, tendrá eficacia de cosa juzgada, fuerza ejecutiva y será susceptible de acción de anulación (D.9).

 

La impugnación podrá iniciarse dentro de los quince días desde que expirase el plazo para solicitar la corrección, aclaración, rectificación y complemento (E.14) y, si se presentara, entre otras actuaciones, el CIAM emitiría en cinco días una resolución, prima facie, sobre la admisión o inadmisión de la solicitud de impugnación.

 

El procedimiento de impugnación guarda similitudes con el establecido en su momento en el reglamento de CIMA.

 

     i.                        EL TSJM desestima argumentos acerca de la supuesta enemistad de un árbitro con los representantes de una de las partes.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (“TSJM”) dictó una pormenorizada sentencia[1] en la que examinó y acabó desestimando la acción de anulación que se vertebraba en la supuesta “enemistad manifiesta” latente entre el árbitro y el despacho que presentó la acción de anulación. La disputa de la que emana el laudo final resuelve sobre un importante proyecto de construcción.

 

Entre los diferentes motivos que se argumentaron para revelar las supuestas “enemistad manifiesta” y parcialidad que provenían del árbitro, estaban los siguientes:

 

  • El árbitro había trabajado y sido despedido por el despacho en cuestión;

 

  • El árbitro había sido recusado en sendas ocasiones durante el procedimiento arbitral;

 

  • El árbitro pidió un sustancial aumento de sus honorarios que finalmente no obtuvo;

 

  • El árbitro sostenía un “tono irrespetuoso” y “manifiestamente inadecuado e impropio” con respecto a alguna de las partes; y

 

  • El árbitro había admitido una ampliación de un informe pericial de manera extemporánea.

 

Para la actora, esto hacía, entre otros, «…dudar fundadamente sobre la imparcialidad e independencia del árbitro…» (acontecimiento prescrito en el art. 17.3 LA).

 

Sin embargo, habiendo considerado el TSJM las diferentes posiciones en el asunto, la declaración de imparcialidad del árbitro y las argumentaciones que dio la Corte Española de Arbitraje (“CEA”) para con las recusaciones, el TSJM dictó:

 

  • El árbitro mantenía una buena y cortés relación con el despacho y sus abogados, aduciendo sobre la “enemistad manifiesta” que «… resulta por completo indemostrada en su origen y menos aún en su persistencia en el momento de laudar…»;

 

  • Las expresiones usadas por el árbitro en el procedimiento, en relación con aspectos acerca de la prueba, no reflejan «…esa pretendida animadversión o, más ampliamente, de la quiebra de la apariencia de imparcialidad…».

 

  • El estimar el árbitro un incremento de sus honorarios, a los que luego renuncia, debido a la complejidad del caso, «… no revisten la menor virtualidad anulatoria por quiebra de la debida imparcialidad…».

 

  • En una exhaustiva exposición de los hechos y argumentos vertidos sobre el tema del informe pericial, no se quiebra el principio de igualdad (ergo tampoco el del orden público) en el procedimiento arbitral, ya que la Sala «considera evidente que no ha existido la menor indefensión…».

 

[1]  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de septiembre de 2023, Nº de recurso 12/2023. Ponente: Jesús María Santos Vijande.

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