Durante los \u00faltimos nueve a\u00f1os, aproximadamente, 100 inversores extranjeros han presentado solicitudes de arbitraje contra Espa\u00f1a, amparadas en tratados bilaterales de inversi\u00f3n y en la Carta de la Energ\u00eda y fundadas en la determinaci\u00f3n de la responsabilidad del Estado espa\u00f1ol derivada de una aparente desprotecci\u00f3n de sus inversiones, de naturaleza extranjera. El argumento principal de las reclamaciones as\u00ed articuladas es que las modificaciones regulatorias de la remuneraci\u00f3n de la producci\u00f3n energ\u00e9tica, aprobadas por el Estado espa\u00f1ol en 2013, con posterioridad a las inversiones y con car\u00e1cter retroactivo, habr\u00edan causado un impacto econ\u00f3mico negativo en las inversiones acometidas. Las posibilidades de que los inversores demandantes obtengan un laudo favorable a sus pretensiones dependen, entre otras consideraciones, de la prueba de la realidad de sus expectativas econ\u00f3micas sobre la inversi\u00f3n realizada, durante el plazo legalmente estipulado y en acreditar que, en cada una de tales inversiones, el Estado espa\u00f1ol les habr\u00eda proporcionado una leg\u00edtima confianza en que la remuneraci\u00f3n legalmente prevista en el momento de realizar la inversi\u00f3n ser\u00eda de larga duraci\u00f3n. Aunque, a primera vista, las demandas de los inversores internacionales contra Espa\u00f1a parecen basarse en hechos muy parecidos –si no casi id\u00e9nticos- a trav\u00e9s de los diversos laudos emitidos en estos a\u00f1os, con resultados diversos a favor del inversor y a favor del Estado espa\u00f1ol, podemos constatar que los detalles de cada caso var\u00edan y que son estas particularidades \u2013\u00fanicas de cada arbitraje- las que determinan la decisi\u00f3n del tribunales arbitrales.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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