Con fecha 3 de agosto de 2021, CIADI ha registrado una nueva solicitud de arbitraje de un inversor en energías renovables contra España.
Durante los últimos nueve años, aproximadamente, 100 inversores extranjeros han presentado solicitudes de arbitraje contra España, amparadas en tratados bilaterales de inversión y en la Carta de la Energía y fundadas en la determinación de la responsabilidad del Estado español derivada de una aparente desprotección de sus inversiones, de naturaleza extranjera. El argumento principal de las reclamaciones así articuladas es que las modificaciones regulatorias de la remuneración de la producción energética, aprobadas por el Estado español en 2013, con posterioridad a las inversiones y con carácter retroactivo, habrían causado un impacto económico negativo en las inversiones acometidas. Las posibilidades de que los inversores demandantes obtengan un laudo favorable a sus pretensiones dependen, entre otras consideraciones, de la prueba de la realidad de sus expectativas económicas sobre la inversión realizada, durante el plazo legalmente estipulado y en acreditar que, en cada una de tales inversiones, el Estado español les habría proporcionado una legítima confianza en que la remuneración legalmente prevista en el momento de realizar la inversión sería de larga duración. Aunque, a primera vista, las demandas de los inversores internacionales contra España parecen basarse en hechos muy parecidos –si no casi idénticos- a través de los diversos laudos emitidos en estos años, con resultados diversos a favor del inversor y a favor del Estado español, podemos constatar que los detalles de cada caso varían y que son estas particularidades –únicas de cada arbitraje- las que determinan la decisión del tribunales arbitrales.
